El primer año transcurrió con una falsa sensación de paz. La cafetería del inquilino tenía clientes y Mateo recibía su transferencia los primeros cinco días de cada mes. Pero al llegar el segundo año, la economía dio un giro. La inflación disparó los precios, los costos de los servicios básicos subieron y el valor del dinero de Mateo comenzó a diluirse.
Cuando quiso notificar al inquilino sobre un incremento en la renta para equilibrar sus propias hipotecas, recibió una respuesta fría y amparada en la ley. Mateo sacó el contrato de la guantera y descubrió su error fatal: en su prisa por alquilar, leyó el documento solo para verificar el monto mensual, ignorando por completo el riesgo y la estructura del arrendamiento.
Había olvidado incluir una "cláusula de escalabilidad de renta" (rent review structure). Estaba legalmente atado a cobrar exactamente el mismo valor durante tres años, sin importar la inflación. Su rentabilidad se estancó de golpe, mientras que la cuota de su préstamo de liquidez seguía asfixiándolo.
Para empeorar las cosas, el negocio del inquilino empezó a decaer. Los pagos comenzaron a llegar el día 10, luego el día 15, y pronto, Mateo se encontró enviando mensajes de texto suplicantes para cobrar su propio dinero. Si el inquilino no pagaba a tiempo, Mateo tenía que sacar dinero de su propio sueldo para cubrirle al banco y evitar el embargo de su casa. Se había convertido en un cobrador estresado a tiempo completo.
Una noche, mientras intentaba cuadrar sus cuentas en rojo, su teléfono iluminó la habitación con un correo etiquetado como "URGENTE". Era de la administración de la plaza comercial en Samborondón, convocando a todos los propietarios a una asamblea extraordinaria obligatoria. El asunto del correo le heló la sangre: "Déficit de fondos y colapso de infraestructura".